Per que les nostres democràcies es fonamenten amb els drets humans. No seria coherent emprar la tortura per aconseguir la identitat d'un irregular, per exemple.
SCIORTINO, Guiusseppe (2007): Algunos elementos para comprender a los “irregulares”. Vanguardia Dossier, número 22. Barcelona Gener Març del 2007
Existen, motivos específicos que imponen límites a la capacidad efectiva de los estados para conseguir un control sobre la composición de su población.
La primera tiene que ver con el hecho de que los estados liberales contemporáneos respetan normas (que dado que extienden a los extranjeros protecciones importantes tanto relativas a la investigación como a la sanción) limitan en gran medida el propio grado de control. Los estados occidentales, por ejemplo, han renunciado intencionadamente a los instrumentos de control, ampliamente practicados en otros países, como torturar al sospechoso irregular hasta que éste entregue su documento de identidad, empujar a aquellos que intentan atravesar la frontera hacia un campo minado, o expulsar coercitivamente y de un día para otro a decenas de miles de personas basándose sólo en una simple decisión administrativa. Además, los mismos estados han suscrito libremente acuerdos internacionales (el primero de ellos la Convención de Ginebra) que limitan aún más lo que un Estado puede hacer con los extranjeros irregulares.
El segundo motivo es en cambio de orden práctico. Reprimir un flujo irregular requiere hombres preparados, procedimientos racionales, tiempo y recursos de investigación adecuados. Requiere bases de datos operativas, instrumentos dactiloscópicos con márgenes de error aceptables, interconexiones entre sistemas informáticos, intérpretes, centros de detención fiables y que funcionen, y una representación diplomática que no se limite a una sinecura. Se trata de recursos escasos en todos los estados democráticos. Y requiere, y no es cuestión baladí, un presupuesto adecuado: controlar, identificar y expulsar son todas operaciones más bien costosas.
Por último, existe un problema de consenso. Existen pocas dudas de que, como demuestran los sondeos, la opinión pública está regularmente cansada de la inmigración irregular. En los distintos países europeos se proporcionan motivos diversos para temer la inmigración irregular, pero se coincide en el hecho de temerla. Con todo, esto no significa asustarse de nuestra señora de la limpieza o del muchacho que nos trae la cerveza en el bar. Si la policía expulsase a la primera, supondría un buen problema para nuestra familia, y si lo hiciese con el segundo, muchos de los parroquianos insistirían en que la policía “lo persigue”. Aún se apreciarían menos los retrasos que la introducción de controles aleatorios de documentos comportaría en nuestra vida cotidiana o la “demasiada” burocracia que un programa de represión del trabajo irregular impondría a los empresarios. Y los operadores turísticos no entienden por qué las embajadas irritan tanto antes de conceder un visado.
Las sociedades contemporáneas son sociedades complejas donde a menudo lo que declaramos que queremos –impedir la inmigración irregular– se opone a lo que estamos dispuestos a aceptar –la ingerencia de la policía, la burocracia, la violación de la intimidad.
SCIORTINO, Guiusseppe (2007): Algunos elementos para comprender a los “irregulares”. Vanguardia Dossier, número 22. Barcelona Gener Març del 2007
Existen, motivos específicos que imponen límites a la capacidad efectiva de los estados para conseguir un control sobre la composición de su población.
La primera tiene que ver con el hecho de que los estados liberales contemporáneos respetan normas (que dado que extienden a los extranjeros protecciones importantes tanto relativas a la investigación como a la sanción) limitan en gran medida el propio grado de control. Los estados occidentales, por ejemplo, han renunciado intencionadamente a los instrumentos de control, ampliamente practicados en otros países, como torturar al sospechoso irregular hasta que éste entregue su documento de identidad, empujar a aquellos que intentan atravesar la frontera hacia un campo minado, o expulsar coercitivamente y de un día para otro a decenas de miles de personas basándose sólo en una simple decisión administrativa. Además, los mismos estados han suscrito libremente acuerdos internacionales (el primero de ellos la Convención de Ginebra) que limitan aún más lo que un Estado puede hacer con los extranjeros irregulares.
El segundo motivo es en cambio de orden práctico. Reprimir un flujo irregular requiere hombres preparados, procedimientos racionales, tiempo y recursos de investigación adecuados. Requiere bases de datos operativas, instrumentos dactiloscópicos con márgenes de error aceptables, interconexiones entre sistemas informáticos, intérpretes, centros de detención fiables y que funcionen, y una representación diplomática que no se limite a una sinecura. Se trata de recursos escasos en todos los estados democráticos. Y requiere, y no es cuestión baladí, un presupuesto adecuado: controlar, identificar y expulsar son todas operaciones más bien costosas.
Por último, existe un problema de consenso. Existen pocas dudas de que, como demuestran los sondeos, la opinión pública está regularmente cansada de la inmigración irregular. En los distintos países europeos se proporcionan motivos diversos para temer la inmigración irregular, pero se coincide en el hecho de temerla. Con todo, esto no significa asustarse de nuestra señora de la limpieza o del muchacho que nos trae la cerveza en el bar. Si la policía expulsase a la primera, supondría un buen problema para nuestra familia, y si lo hiciese con el segundo, muchos de los parroquianos insistirían en que la policía “lo persigue”. Aún se apreciarían menos los retrasos que la introducción de controles aleatorios de documentos comportaría en nuestra vida cotidiana o la “demasiada” burocracia que un programa de represión del trabajo irregular impondría a los empresarios. Y los operadores turísticos no entienden por qué las embajadas irritan tanto antes de conceder un visado.
Las sociedades contemporáneas son sociedades complejas donde a menudo lo que declaramos que queremos –impedir la inmigración irregular– se opone a lo que estamos dispuestos a aceptar –la ingerencia de la policía, la burocracia, la violación de la intimidad.
