divendres, 29 de març del 2013

Immigració i asil humanitari

Signatura de la Convenció de Ginebra de 1951

El asilo humanitario es la práctica de ciertas naciones de aceptar en su suelo a inmigrantes que se han visto obligados a abandonar su país de origen debido al peligro que corrían por causas raciales, religiosas, guerras civiles, catástrofes naturales, etc.

Los refugiados se ven forzados a huir porque no disponen de la suficiente protección por parte del gobierno de su propio país.

Francia, Canadá y Estados Unidos han concedido el estatuto de refugiadas a mujeres que han sufrido mutilaciones sexuales o que correrían el riesgo de sufrirlas si permanecieran en sus países de origen y España lo ha concedido a personas homosexuales perseguidas por sus preferencias sexuales.


Las legislaciones y jurisprudencias nacionales difieren ampliamente en el alcance del derecho de asilo. Sin embargo, los acuerdos internacionales de los que forma parte cada Estado siempre prevalecen sobre el derecho interno, y esto, en todos los casos. Ciertos países desarrollados han establecido una cuota de refugiados a los que están dispuestos a conceder asilo, generalmente como resultado de un conflicto armado en curso. Desde la última década del siglo XX la mayoría de estos refugiados provino de: Irán, Irak, los Territorios Palestinos, Afganistán, Ruanda, Burundi, Sudán, Congo, Sáhara Occidental, Albania, Tíbet, Colombia, España, Alemania, Francia, y la antigua Yugoslavia.

Bajo la Convención sobre Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 de acuerdo con estos compromisos contraídos internacionalmente, las naciones están obligadas a conceder asilo humanitario y no pueden ni deben devolver por la fuerza a un refugiado a su país de origen por el peligro que le significa. A pesar de todo estas convenciones a veces son pasadas por alto.
Extret de Vikipedia


Los inmigrantes irregulares que resultan protegidos de la acción represiva del Estado gracias a las reglas, constitucionales o de derecho internacional (Convención de Ginebra), reconocidas por el propio Estado. Los peticionarios de asilo no pueden ser considerados culpables por un eventual  ingreso clandestino, y su entrada no está sometida a cuotas o limitaciones. La entidad de este segmento es despreciable en muchos países mediterráneos, donde una mezcla de negligencia administrativa y discrecionalidad en las decisiones convierte el canal del asilo en poco utilizado. Pero es bastante relevante en Alemania, y en menor medida en Francia y el Reino Unido. Por lo tanto, no resulta sorprendente cómo, a partir de principios de los 90, una amplia parte de las reformas migratorias en estos países se han concentrado casi exclusivamente en la reducción del número de peticiones de asilo potenciales. A pesar de dichas reformas, un número relevante de las nuevas peticiones de asilo en Alemania es presentado por extranjeros en condición irregular después  de que  éstos hayan sido debidamente identificados por la policía.  Se puede incluso sostener que el sistema de asilo  en Alemania desempeña un papel equivalente al de las legalizaciones generales en los países de la Europa mediterránea. mediterránea.


SCIORTINO, Giuseppe(2007)
Algunos elementos para comprender a los ‘irregulares’.
Vanguardia dossier, número 22
Barcelona, gener-marça 2007




Per què expulsar immigrants és difícil

Per que les nostres democràcies es fonamenten amb  els drets humans. No seria coherent emprar la tortura per aconseguir la identitat d'un irregular, per exemple. 
SCIORTINO, Guiusseppe (2007): Algunos elementos para comprender a los “irregulares”. Vanguardia Dossier, número 22. Barcelona Gener Març del 2007

Existen, motivos específicos que imponen límites a la capacidad efectiva  de los estados para conseguir un control sobre la composición de su población.
La primera tiene que ver con el hecho de que los estados liberales contemporáneos respetan normas (que dado que extienden a los extranjeros protecciones importantes tanto relativas a la investigación como a la sanción) limitan en  gran  medida el propio grado  de control. Los estados occidentales, por ejemplo, han renunciado intencionadamente a los instrumentos de control, ampliamente practicados en otros países, como torturar al sospechoso irregular hasta que éste entregue su documento de identidad, empujar a aquellos que intentan atravesar la frontera hacia un campo minado, o expulsar coercitivamente y de un día para otro a decenas de miles de personas basándose sólo en una  simple decisión administrativa. Además, los mismos  estados han  suscrito libremente acuerdos internacionales (el primero de ellos la Convención de Ginebra)  que limitan aún más lo que un Estado puede hacer con los extranjeros irregulares.


El segundo motivo es en cambio de orden práctico. Reprimir un  flujo irregular requiere hombres preparados, procedimientos racionales, tiempo y recursos de investigación adecuados. Requiere bases de datos operativas, instrumentos dactiloscópicos con márgenes de error aceptables, interconexiones entre sistemas informáticos, intérpretes, centros de detención fiables  y que  funcionen, y una  representación diplomática que no se limite a una  sinecura. Se trata de recursos escasos en todos los estados democráticos. Y requiere, y no es cuestión baladí, un presupuesto adecuado: controlar, identificar y expulsar son todas operaciones más bien costosas.

Por último, existe un problema de consenso. Existen pocas dudas de que, como demuestran los sondeos, la opinión pública está regularmente cansada de la inmigración irregular. En los distintos países europeos se proporcionan motivos diversos para temer la inmigración irregular, pero se coincide en el hecho de temerla. Con todo, esto no significa asustarse de nuestra señora de la limpieza o del muchacho que nos trae la cerveza en el bar. Si la policía expulsase a la primera, supondría un buen problema para nuestra familia, y si lo hiciese con el segundo, muchos de los parroquianos insistirían en que la policía “lo persigue”. Aún se apreciarían menos los retrasos que la introducción de controles aleatorios de documentos comportaría en nuestra vida cotidiana o la “demasiada” burocracia que  un programa de represión del trabajo irregular impondría a los empresarios. Y los operadores turísticos no entienden por qué las embajadas irritan tanto antes de conceder un visado.

Las sociedades contemporáneas son  sociedades complejas donde a menudo lo que  declaramos que queremos –impedir la inmigración irregular– se opone a lo que estamos dispuestos a aceptar –la ingerencia de la policía, la burocracia, la violación de la intimidad.